La presidenta defiende su proyecto, su historia política y la soberanía del proceso judicial mexicano.

Por: José Rafael Rodríguez Jiménez

Mientras la oposición y ciertos sectores mediáticos insisten en vender la narrativa de una guerra fría entre Washington y Palacio Nacional, los hechos dicen otra cosa: Trump y Sheinbaum se sentaron juntos en la final del Mundial, el T-MEC avanza en su segunda ronda de revisión, y esta semana llega a México el representante comercial de EU, Jamieson Greer. Eso no es la foto de dos gobiernos en guerra.

El dato que nadie quiere subrayar.

La propia presidenta lo dijo con todas sus letras tras el Mundial: puede haber desacuerdos con Trump, pero eso no significa que se convierta en un asunto personal, porque en el trato personal el presidente estadounidense siempre ha sido respetuoso con ella y viceversa. No es la descripción de una relación hostil. Es la descripción de dos gobiernos que negocian —con fricciones, sí, pero negocian: comercio, seguridad, armas, migración, todo sigue sobre la mesa.

Entonces, ¿qué es lo que sí está bajo fuego?

Aquí está el punto que la clase política morenista quiere diluir: las investigaciones estadounidenses no apuntan a Sheinbaum. Apuntan a la estructura que Andrés Manuel López Obrador construyó y toleró durante seis años bajo la lógica de “abrazos, no balazos”. Los nombres hablan solos:

• Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, acusado en abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York junto con otros nueve funcionarios por presunta conspiración para importar fentanilo, cocaína y metanfetamina.
• Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y arquitecto directo de la estrategia de seguridad obradorista como titular de Seguridad Pública federal, hoy bajo investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado.
• Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, señalado en el mismo expediente, vinculado a contrabando de combustible.

Son gobernadores, alcaldes, operadores y estructuras que llegaron al poder o se sostuvieron en él durante el sexenio anterior, en estados que son corredores estratégicos de tráfico hacia Estados Unidos. No es casualidad que la ofensiva estadounidense se concentre justo ahí, en el legado territorial de López Obrador, y no en la presidencia actual.

La defensa legítima de una presidenta, no la protección de una red criminal.

Sheinbaum ha hecho lo que cualquier jefa de Estado responsable haría: exigir pruebas antes de extraditar a sus aliados, rechazar que se use el tema como ariete electoral y cuestionar públicamente si detrás de la ofensiva hay también un cálculo de la derecha estadounidense de cara a sus propias elecciones de 2026. Es una postura de soberanía, no de complicidad. Defender el debido proceso de tus funcionarios no es lo mismo que blindar una narco-red.

El propio embajador Ronald Johnson lo dejó ver cuando reaccionó a los cuestionamientos de la presidenta: insistió en que la lucha contra los cárteles debería unir a ambos países en lugar de convertirse en una disputa política. Es decir, ni siquiera Washington plantea esto como un pleito contra Sheinbaum, sino como una exigencia de cooperación en un terreno que Estados Unidos considera abandonado durante el sexenio pasado.

La lectura correcta.

Lo que hoy se cobra factura no es el proyecto de la Cuarta Transformación en su versión actual. Es la herencia de un modelo de seguridad que permitió que gobernadores, alcaldes, diputados y senadores pactaran territorio y protección con organizaciones criminales a cambio de gobernabilidad. Sheinbaum no inventó esa red: la recibió, y hoy tiene que administrar políticamente el costo de exhibirla sin que le explote en las manos ni le regale un arma a la oposición ni a Washington para intervenir en 2027.

Confundir la defensa de su gobierno con protección al crimen organizado es, cuando menos, una simplificación interesada. La presidenta defiende su proyecto, su historia política y la soberanía del proceso judicial mexicano. Eso no es lo mismo que proteger una narco-política que ella no construyó.

® La Palabra Política — La editorial de opinión. Las posiciones expresadas son análisis independiente del escritor José Rafael Rodríguez Jiménez.