Queda claro que la mandataria no pondrá en riesgo ni quebrará la estabilidad de su gobierno por defender a quienes vendieron el Estado al crimen organizado.
Es imposible defender lo indefendible. Durante años, la impunidad y el poder parecían ser el escudo perfecto para los políticos en México que, presuntamente, decidieron tejer alianzas de plata y plomo con el crimen organizado. Sin embargo, la marea alta ha llegado. Cuando el poder criminal creció tanto que cruzó las fronteras y contaminó el territorio de Estados Unidos, las reglas del juego cambiaron drásticamente. Hoy, la lupa implacable de la justicia estadounidense, impulsada por la administración de Donald J. Trump, sigue muy de cerca a quienes fortalecieron a los cárteles mexicanos desde sus puestos de gobierno.
Sin fuero más allá de la frontera.
El gran problema para estos operadores políticos es que el manto protector del poder institucional y el fuero terminan exactamente donde empieza el Río Bravo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos no hace política local; construye expedientes, consolida pruebas y exige resultados.
La prueba más clara de que no hay escapatoria es el desmoronamiento del círculo de poder en Sinaloa. Dos exfuncionarios de primer nivel ya entendieron que huir es inútil: Gerardo Mérida Sánchez, ex Secretario de Seguridad Pública, y Enrique Alfonso Díaz Vega, ex Secretario de Finanzas, se encuentran ahora mismo en manos de las autoridades estadounidenses rindiendo cuentas.
Los nombres en la lista de espera.
Pero ellos son solo el inicio. El Departamento de Justicia está amarrando cabos sueltos, apoyándose en testimonios clave vinculados a las facciones de los hijos de Joaquín Guzmán y de Ismael “El Mayo” Zambada. En la mira de la justicia extranjera para su extradición y captura figuran nombres de altísimo peso político y operativo:
- Rubén Rocha Moya: Gobernador de Sinaloa con licencia.
- Enrique Inzunza Cázarez: Senador con licencia.
- Juan de Dios Gámez Mendívil: Alcalde de Culiacán.
- Dámaso Castro Saavedra: Exvicefiscal general y fiscal general adjunto.
- Marco Antonio Almanza Avilés: Exjefe de la Policía de Investigación.
- Alberto Jorge Contreras Núñez (alias “Cholo”) y José Antonio Dionisio Hipólito (alias “Tornado”): Altos mandos policiales.
- Juan Valenzuela Milán (alias “Juanito”): Excomandante de la policía municipal.
El peso inevitable de la ley extranjera.
Ni Palacio Nacional, ni la Fiscalía, ni los antiguos “vientos de Palenque” pueden defender lo indefendible en suelo extranjero. Las autoridades de Estados Unidos, empujando su iniciativa continental contra el narcoterrorismo y sus aliados políticos —conocida como el “Escudo de las Américas”—, están acelerando los procesos de captura.
El tiempo se agota y la impunidad pende de un hilo muy fino. El gobierno de la Presidenta de México se encuentra ante una realidad que no admite demoras: intentar salvaguardar a funcionarios ligados al narcotráfico metería a su administración en una severa crisis diplomática, económica y de vulnerabilidad frente a la Casa Blanca. Queda claro que la mandataria no pondrá en riesgo ni quebrará la estabilidad de su gobierno por defender a quienes vendieron el Estado al crimen organizado.
Tu turno de opinar.
La justicia que tantas veces tropezó en México, hoy toca fuerte la puerta desde el extranjero. ¿Crees que veremos la caída inminente de los grandes perfiles políticos de esta lista, o consideras que el sistema intentará ganar tiempo para protegerlos? La conversación está en la mesa, déjanos tu opinión y únete al debate ciudadano.
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