La advertencia está hecha: para el norte, el enemigo ya no solo usa botas y armas largas, hoy también viste de traje y despacha desde oficinas de gobierno.
La diplomacia se esfumó y las cartas, por fin, están sobre la mesa. La agencia antidrogas más poderosa del mundo ha lanzado una bomba que retumba desde Washington hasta los adentros de Palacio Nacional: el gobierno mexicano y los cárteles de la droga tienen una conexión “peligrosa” e “inseparable”. Ya no estamos hablando de sospechas aisladas o rumores de pasillo; el propio director de la DEA, Terrance Cole, ha puesto a los narcopolíticos de México en la mira frontal de Estados Unidos. ¿Qué hay realmente detrás de este golpe directo que hace temblar nuestras instituciones?
El peso de una sola palabra.
Durante la primera Cumbre por una América Libre de Fentanilo en Florida, Cole no titubeó al tomar el micrófono. Declaró sin tapujos que desmantelar la conexión entre las redes criminales y el gobierno mexicano es ahora la “máxima prioridad” de su agencia. El sentir y pensar de Washington es claro: hay un hartazgo profundo. La DEA ve a un México donde la línea entre los que aplican la ley y los que la rompen se ha borrado por completo.
Los estadounidenses no lanzan estos misiles por casualidad. Llevan años armando rompecabezas de inteligencia. La prueba más evidente de esta cacería es la solicitud de extradición que pesa sobre nueve altos funcionarios de Sinaloa, incluyendo al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Para la DEA, las investigaciones apuntan a que la colusión en los estados dejó de ser un simple acuerdo para dejar pasar la droga; hoy ven a las autoridades como el motor logístico y protector del crimen organizado.
¿Soberanía violada o narcopolítica negada?
El impacto de esta declaratoria chocó contra un muro en la Ciudad de México. El Gabinete de Seguridad califica las palabras de Cole como “carentes de sustento”, escudándose en cifras frías: más de 59 mil detenciones y el decomiso de millones de pastillas de fentanilo en la actual administración.
Pero si deshebramos la noticia, encontramos un choque de trenes monumental. Por un lado, el gobierno de Donald Trump aprieta la soga y los fantasmas del intervencionismo ya operan en nuestras calles. Los episodios recientes lo demuestran: la presunta operación del FBI en suelo mexicano para extraer al “Mayo” Zambada y el supuesto ataque de la CIA contra operadores criminales en el Estado de México. Para Washington, si México no limpia su casa, ellos lo harán entrando por la puerta trasera.
Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum intenta contener la crisis envolviéndose en la bandera de la soberanía. Cuestiona si Estados Unidos busca intervenir en las elecciones intermedias de 2027 y le marca un alto seco al embajador Ronald Johnson, exigiéndole que no se meta en la política interna. ¿Es realmente una persecución política de Estados Unidos o es la negación sistemática de una narcopolítica que nos rebasó por completo?
El abismo en puerta.
Para los jóvenes que heredan este país y los adultos que temen por la seguridad de sus familias, el análisis es duro, pero necesario. La DEA nos observa, en la práctica, como un narcoestado; ven a políticos y capos sentados tomando el café en la misma mesa.
En La Palabra Política el panorama es claro: estamos caminando sobre una cuerda muy fina. Si la DEA decide abrir de golpe los expedientes que dice tener, el gobierno de México tendrá que elegir entre realizar una purga interna histórica de sus políticos o enfrentarse a la ira total y el aislamiento por parte de Estados Unidos. La advertencia está hecha: para el norte, el enemigo ya no solo usa botas y armas largas, hoy también viste de traje y despacha desde oficinas de gobierno.
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